April 2, 2026
Every Child NC Coalition Statement on Today’s Leandro Ruling
For immediate release
Today’s North Carolina Supreme Court ruling is a blatant and unacceptable step backward for students, families, and communities across our state. This decision is not just harmful, it is a clear abuse of power. By overturning years of progress, those in power are robbing our children of the education and resources they are constitutionally guaranteed, putting political agendas ahead of the well-being of our students.
This is what it looks like when leaders choose politics over children, when they knowingly deny young people the opportunities they deserve. Our students are being used as collateral for political gain, and our communities are left to carry the consequences.
For more than 32 years, advocates, community and statewide organizations and families, especially in rural, under-resourced, and historically marginalized communities have fought to hold the state accountable for what should never have been in question: every child’s constitutional right to a sound, basic education.
Today’s decision does not change students’ constitutional right to a sound basic education, but it does deepen the harm.
The Court did not say the state is meeting its obligation. Instead, it chose to avoid holding the General Assembly accountable for violating that right, claiming it lacks the authority to act.
Let’s be clear: That is not a lack of authority, it is a refusal to take responsibility. And in the meantime, students are still being denied the resources they are owed.
The Leandro Comprehensive Remedial Plan remains the only research-based, court-recognized roadmap to begin addressing decades of underfunding and inequity in our public education system. The state has the data, the research, and the lived experiences of communities across all 100 counties. What has been missing is not information- it is political will.
And we cannot ignore how this decision was delivered. The timing raises serious concerns and reflects a continued pattern of avoiding public accountability on decisions that directly impact our educators, children, and communities. NC ranks 50th in funding effort in the US and the NC legislature refused to pass a budget or address the lack of funding. Instead this decision puts kids further behind.
Across North Carolina, families are already feeling the consequences:
Schools struggling to meet basic needs
educators leaving the profession
support staff stretched thin
and communities facing the loss of schools that have long been anchors of stability
This ruling may attempt to close a legal chapter, but it does not close the reality that our public education system remains in crisis.
Our coalition remains committed to advocate and organize alongside families, support community-led efforts to demand that state leaders meet their constitutional obligation. We will continue to push for accountability, fully funded public schools, meaningful community engagement, and real investment in every child, in every county.
Justice delayed is justice denied.
And our children have already waited long enough.
Every Child NC Coalition
Anchored by the NC Justice Center & Education Justice Alliance
Contact: Susana Benites (Susana@ejanc.org)
Declaración de la Coalición Every Child NC sobre el fallo de Leandro
Para publicación inmediata
2 de abril de 2026
La decisión de hoy de la Corte Suprema de Carolina del Norte es un paso atrás flagrante e inaceptable para estudiantes, familias y comunidades en todo nuestro estado. Esta decisión no solo es perjudicial, es un claro abuso de poder. Al revertir años de progreso, quienes están en el poder están despojando a nuestros niños y niñas de la educación y los recursos que la Constitución les garantiza, poniendo las agendas políticas por encima del bienestar de nuestros estudiantes.
Así es como se ve cuando los líderes eligen la política por encima de los niños, cuando deliberadamente niegan a la juventud las oportunidades que merecen. Nuestros estudiantes están siendo utilizados como moneda de cambio para beneficios políticos, y nuestras comunidades son quienes cargan con las consecuencias.
Durante más de 32 años, defensores, organizaciones comunitarias y estatales, y familias — especialmente en comunidades rurales, con menos recursos y históricamente marginadas — han luchado para responsabilizar al estado por algo que nunca debió estar en duda: el derecho constitucional de cada niño y niña a una educación básica sólida.
La decisión de hoy no cambia ese derecho constitucional, pero sí profundiza el daño.
La Corte no dijo que el estado está cumpliendo con su obligación. En cambio, decidió evitar responsabilizar a la Asamblea General por violar ese derecho, alegando que no tiene la autoridad para actuar.
Seamos claros: eso no es una falta de autoridad, es una negativa a asumir responsabilidad. Y mientras tanto, a los estudiantes se les sigue negando los recursos que les corresponden.
El Plan Integral Correctivo de Leandro sigue siendo la única hoja de ruta, basada en investigación y reconocida por la Corte, para comenzar a abordar décadas de falta de inversión y desigualdad en nuestro sistema de educación pública. El estado cuenta con los datos, la investigación y las experiencias vividas de comunidades en los 100 condados. Lo que ha faltado no es información — es voluntad política.
Y no podemos ignorar cómo se dio esta decisión. El momento en que se publicó genera serias preocupaciones y refleja un patrón continuo de evitar la rendición de cuentas pública en decisiones que impactan directamente a nuestros educadores, estudiantes y comunidades. Carolina del Norte ocupa el último lugar (50) en el país en esfuerzo de financiamiento educativo, y la legislatura estatal se ha negado a aprobar un presupuesto o a abordar la falta de financiamiento. En lugar de eso, esta decisión deja a nuestros estudiantes aún más rezagados.
En todo Carolina del Norte, las familias ya están sintiendo las consecuencias:
Escuelas que luchan por cubrir necesidades básicas
Educadores que están dejando la profesión
Personal de apoyo sobrecargado
Y comunidades que enfrentan la pérdida de escuelas que han sido pilares de estabilidad
Este fallo puede intentar cerrar un capítulo legal, pero no cambia la realidad de que nuestro sistema de educación pública sigue en crisis.
Nuestra coalición sigue comprometida a abogar y organizar junto a las familias, apoyar esfuerzos liderados por la comunidad y exigir que los líderes estatales cumplan con su obligación constitucional. Seguiremos luchando por la rendición de cuentas, escuelas públicas plenamente financiadas, una participación comunitaria significativa y una inversión real en cada niño y niña, en cada condado.
La justicia retrasada es justicia negada. Y nuestros niños y niñas ya han esperado demasiado.
Coalición Every Child NC
Anclada por el NC Justice Center y Education Justice Alliance
Contacto: Susana Benites (Susana@ejanc.org)
